PNL y PSD fijan sus prioridades

Una cómoda mayoría parlamentaria en torno al 70 %, como la que tiene el llamado gobierno de gran coalición de Bucarest, implicaría un funcionamiento impecable tanto del equipo ejecutivo como de la alianza entre los partidos que lo componen, PSD, PNL y UDMR. Pero no todo es leche y miel en las filas del partido gobernante. Un protocolo firmado entre los partidos estipula que, a finales de mayo, el socialdemócrata Marcel Ciolacu tomará el relevo del liberal Nicolae Ciucă al frente del Gobierno, mientras que este último asumirá la presidencia del Senado, que ahora ostenta de forma interina su compañera de partido Alina Gorghiu. El PNL, dice Ciucă, apoya el pleno respeto del protocolo acordado con todos los miembros de la coalición, que implica rotaciones tanto en la jefatura del Gobierno como a nivel de algunos ministerios, y considera improcedente una eventual renegociación de carteras. A Ciolacu, en cambio, le gustaría que el PSD mantuviera los ministerios en los que sus colegas han obtenido buenos resultados, como Transportes o Hacienda.

«Enzarzarse en estas discusiones y debates, que llevan mucho tiempo, cuatro meses antes de que se produzca realmente el avance es, en mi opinión, poco útil», responde el Primer Ministro liberal, que anuncia que en el próximo periodo se llevará a cabo una evaluación de los resultados de cada ministro. Los ministros del PNL serán asimismo evaluados en un grupo de trabajo interno que también elaborará la estrategia del partido para el año electoral 2024, que estará marcado por elecciones locales, parlamentarias, legislativas y presidenciales.

Mientras tanto, los liberales dan prioridad a la aprobación de leyes de educación, parte del proyecto presidencial "Rumanía Educada", lanzado hace casi una década por el Jefe de Estado y líder de facto del PNL, Klaus Iohannis, y que aún no se ha finalizado. El PNL anuncia también que se centrará en la sesión parlamentaria que comienza el miércoles en la aprobación de las llamadas pensiones especiales, que no respetan el principio contributivo, y en la elevación del umbral para gravar las pensiones de 2.000 leus (equivalentes a unos 400 euros) a 3.000. Para el PSD, dice el presidente Ciolacu, la prioridad número uno son las pensiones especiales, y el partido quiere encontrar la forma constitucional de cerrar este capítulo de una vez por todas en Rumanía.

El cumplimiento de los hitos fijados en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, acordado por los responsables de Bucarest con los de Bruselas, también es esencial para los socialdemócratas, ya que de ello depende el acceso a los fondos europeos. Una fiscalidad más rigurosa para las grandes empresas, una reducción de la fiscalidad laboral y un paquete de medidas para reducir o eliminar el IVA de los alimentos básicos son otras de las promesas lanzadas por el PSD al inicio de la sesión parlamentaria. No obstante, todas estas medidas deben ser acordadas también por el PNL y la UDMR. Y los analistas políticos de Bucarest no se arriesgan a afirmar que se adoptarán.

Traducción al español: Antonio Madrid