Las pensiones especiales centran la atención de los diputados

Los diputados rumanos tienen en la mesa de trabajo el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones de las que se benefician principalmente los magistrados y empleados de las fuerzas de seguridad y ​​que no se calculan en función de la cotización del período activo. La reforma en el campo es un objetivo asumido en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Mientras no ha tenido un objetivo financiero, dinero europeo, los políticos no han tenido el valor de enfocar directamente un tema tan delicado. Excepto la USR, de la oposición, que siempre ha abogado por la eliminación de las pensiones especiales. El proyecto de modificación de las pensiones especiales fue modificado por los partidos de la coalición PSD-PNL-UDMR antes de llegar a los diputados. Las modificaciones, afirman los autores, tienen como objetivo eliminar algunos abusos e inequidades, y el principio de cotización predominará en todo el sistema público de pensiones.

Según las enmiendas, la edad estándar de jubilación se correlaciona con el sistema público de pensiones con el fin de eliminar las excepciones, de modo que, para los diplomáticos y el personal auxiliar de los tribunales, la edad estándar de jubilación se incrementará a los 65 años. El mismo principio se aplicará al personal militar, en etapas, hasta 2035. Asimismo, hasta enero de 2034, la antigüedad mínima en la especialidad aumentará a 25 años para varias categorías de empleados: diplomáticos, funcionarios parlamentarios, empleados de los Tribunales de Cuentas. Otra enmienda propone reducir los beneficiarios de pensiones de jubilación excluyendo al personal asimilado, es decir, al personal de especialidad jurídica asimilado a jueces y fiscales, como el personal asignado a cargos específicos de ejecución dentro de las misiones diplomáticas. También se modifica la base de cálculo de las pensiones especiales para ajustarse al sistema público.

Si actualmente se tomaban en cálculo los ingresos de los últimos 12 meses, este período incrementará escalonadamente hasta los 300 meses. Ninguna pensión de jubilación podrá exceder los ingresos obtenidos durante el período de actividad. Asimismo, en el caso de las pensiones en pago, se aplicará un impuesto del 30 % a la parte de los ingresos que supere el nivel del salario bruto medio que sirve de base al presupuesto de la seguridad social del Estado y que exceda la aplicación del principio de cotización. Otra propuesta elimina el mecanismo de actualización de las pensiones de los magistrados con el aumento de las asignaciones mensuales brutas de los jueces y fiscales en activo.

«La pensión de cada ciudadano debe reflejar la importancia de su trabajo de toda una vida y su cotización al sistema público», subrayó el primer ministro Nicolae Ciucă. En su opinión, junto con la Ley de Pensiones y la Ley de los Salarios, se completará así el paquete de reformas que Rumanía debe emprender este año a través del PNRR, ofreciendo sostenibilidad y equidad al sistema público de salarios y pensiones. Como era de esperar, el Consejo Superior de la Magistratura criticó el proyecto de las pensiones especiales. El CSM advirtió que un aumento repentino en la edad de jubilación de jueces y fiscales podría provocar la salida del sistema de más de 1.500 magistrados.

Traducción al español: Brigitta Pana