Integración de los migrantes en Rumanía
“Igualdad sobre el papel. Esta es la conclusión del Índice de Políticas de Integración de los Inmigrantes (MIPEX) para la Rumanía del año 2019.
Christine Leșcu, 16.12.2020, 18:57
“Igualdad sobre el papel. Esta es la conclusión del Índice de Políticas de Integración de los Inmigrantes (MIPEX) para la Rumanía del año 2019. Creado por el Migration Policy Group, una organización no gubernamental del tipo “laboratorio de ideas con la sede en Bruselas, el MIPEX analiza la situación de la aplicación de las políticas de integración social y económica en 52 países. Durante sus 15 años de existencia, este estudio se ha convertido en una de las más importantes herramientas de análisis comparativo internacional en el ámbito de la migración, y está siendo usado por muchas instituciones públicas, entre las que está también la Comisión Europea, uno de sus principales financiadores. Rumanía participa en el MIPEX desde 2009, y en el informe de este año, que analiza los datos de 2019, nuestro país ha obtenido un resultado total de 49 puntos de 100 posibles, lo que podría ser equivalente a “igualdad sobre el papel, como hemos mencionado anteriormente.
El sociólogo Ovidiu Voicu, representante del Centro para la Innovación Pública, socio del Migration Policy Group para realizar el Índice de Políticas de Integración de los Inmigrantes, ha hablado de lo que significa esto y de la evolución de Rumanía a lo largo de los años en el MIPEX:
“Es muy interesante ver que, de hecho, no hay un cambio significativo entre los resultados que Rumanía ha obtenido con el tiempo. De hecho, no tenemos un progreso o, si quieren mirar de manera optimista, tampoco tenemos un retroceso, aunque creo que deberíamos ser más bien pesimistas y concluir que nos quedan muchas cosas por mejorar en el ámbito de la integración de los inmigrantes. En el caso de Rumanía, el MIPEX nos muestra una situación que hemos llamado «igualdad sobre el papel»: tenemos un marco legislativo en el que se afirman los derechos de los inmigrantes, y sobre todo de aquellos que se benefician de protección internacional, pero no tenemos políticas coherentes a través de las cuales los podamos poner en marcha. En Rumanía, esta situación existe en varios sectores: tenemos buenas leyes, pero no se aplican. En una escala del 0 al 100, Rumanía se sitúa alrededor de la mitad, con 49 puntos. Está muy bien respecto al marco legal de la afirmación de los derechos, con 76 puntos de 100 posibles, y está muy mal respecto a las «oportunidades ofrecidas a los migrantes», con 31 de 100 puntos posibles.
¿Qué es lo que impide la puesta en marcha de las buenas leyes: la mala administración de las instituciones con competencia en este sector o la mentalidad colectiva que hay detrás? Ovidiu Voicu ha contestado:
“Tenemos dos tipos de problemas: uno está relacionado con lo que llamamos «normas secundarias», es decir las de la aplicación de la legislación. Otro problema es la manera en que, en ciertas situaciones, se pone en marcha lo que se ha establecido tanto a través de las normas primarias, como también de las secundarias. Un buen ejemplo en este caso es el programa de integración de las personas que se benefician de protección internacional, es decir refugiados o solicitantes de asilo reconocidos internacionalmente como procedentes de las zonas de conflicto. En Rumanía, después de haber sido recibidos, deberían recibir apoyo para integrarse, es decir ser aceptados por un período de uno a dos años, en un programa en el que aprendan el idioma, las costumbres locales, y en el que se enteren de cómo pueden encontrar trabajo o vivienda. Pero en Rumanía, tanto la seguridad de las fronteras contra la inmigración ilegal, como la integración de los migrantes ilegales corren a cargo de la Policía a través de la Inspección General para Inmigración. Y ellos se centran en la lucha contra la inmigración ilegal. Pero lo que hacemos con las personas que tienen derecho a residencia legal en Rumanía es más difícil porque la Inspección General para Inmigración no consigue implementar mucho este programa de inmigración.
Los expertos han explicado que esta situación se debe a la falta de coordinación entre varias instituciones públicas o ministerios que deberían asumir integralmente el deber de adaptar a los inmigrantes a la sociedad y la economía rumana. Y los resultados obtenidos por Rumanía en el MIPEX para ciertos índices muestran estos problemas administrativos. Por ejemplo, respecto a la educación, Rumanía ha recibido 41 puntos de 100 posibles, lo que significa que, para los estudiantes inmigrantes, aquí la situación es medio favorable. Además, los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional tienen acceso al sistema sanitario, pero la falta de documentos puede crear algunos problemas en la práctica, así que Rumanía ha obtenido 46 de 100 puntos posibles en este asunto. El resultado más bajo se ha registrado respecto a la participación política: 5 puntos de 100 posibles. Por lo tanto, hay grandes problemas de integración de los inmigrantes respecto a la participación política. El mejor resultado se ha obtenido en el caso de la reagrupación familiar: 67 de 100 puntos posibles. Y esto porque la legislación es muy clara y ha sido aplicada de forma coherente. Los refugiados y los solicitantes de asilo que hayan obtenido el derecho a residencia permanente en Rumanía tienen derecho a reagrupación familiar, y este derecho se aplica. Pero no pasa lo mismo en cuanto al derecho al trabajo. Ovidiu Voicu.
“Cuando hablamos del acceso al mercado laboral, el resultado es de 46 de 100 puntos posibles, y hay que tener en cuenta dos categorías. Hemos hablado mucho de los beneficiarios de la protección internacional. Teóricamente, ellos reciben los mismos derechos que los ciudadanos rumanos. El problema es que a veces vienen sin documentos, y todavía no tenemos un marco para reconocer las competencias para poder usar al máximo su capacidad. Llegan aquí sin diplomas o certificados de estudios y sólo pueden trabajar como obreros no especializados. Les cuesta encontrar trabajo, dado que Rumanía no tiene un sistema desarrollado para reconocer las cualificaciones. Hay también otra categoría, la de los migrantes económicos, de aquellos que vienen aquí para trabajar o estudiar. En su caso, aunque legalmente las cosas están mejor, no hay un organismo gubernamental para monitorear la manera en que los empresarios respetan sus derechos. A veces, corren el riesgo de ser explotados. La prensa también ha presentado el caso de algunos trabajadores de Vietnam que vivían en muy malas condiciones o el caso de otros trabajadores extranjeros que, al principio de la pandemia, fueron simplemente abandonados, y la ministra de Trabajo tuvo que intervenir personalmente para encontrar una solución para ellos.
Por lo tanto, para superar la situación de “igualdad sobre el papel respecto a la integración de los extranjeros, Rumanía debe mejorar la legislación secundaria, pero también cambiar la mentalidad sobre la cooperación interinstitucional y la aplicación de las leyes.
(Versión española: Monica Tarău)
