La miscelánea: Recomendaciones a Rumanía en materia de derechos humanos
En 1994, Rumanía se adhirió al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, en vigo
Brigitta Pana, 02.02.2018, 11:46
En 1994, Rumanía se adhirió al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, en vigor desde 1953. Asimismo, en el marco de la Unión Europea, Rumanía firmó en diciembre de 2007 el Tratado de Lisboa que contiene “La Carta de los Derechos Fundamentales. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
El grupo de Trabajo para el Examen Periódico Universal (EPU)del Consejo para los Derechos Humanos en el marco de la ONU ha presentado a Rumanía más de 200 recomendaciones en referencia a la situación de los derechos humanos y el Estado rumano tendrá que analizar estas propuestas y dar una respuesta antes del mes de junio de 2018. Más exactamente, en el marco de este mecanismo del Consejo para los Derechos Humanos, 78 Estados miembros de la ONU han transmitido 203 recomendaciones sobre los derechos humanos en Rumanía. Los EE. UU., por ejemplo, recomiendan que Rumanía adopte e implemente una estrategia eficiente para combatir la discriminación contra los miembros de los grupos minoritarios mientras que Países Bajos propone que nuestro país se encargue de que las modificaciones de las leyes de la justicia y de los Códigos penales no afecten la situación de los derechos humanos y que respeten los avisos de la Comisión de Venecia. Rumanía debería continuar asegurando el funcionamiento del Estado de derecho siguiendo las recomendaciones hechas a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación así como analizar las evaluaciones hechas por la Comisión de Venecia y por el Consejo de Europa sobre la reforma del sistema judicial, recomienda Francia. A Rumanía también se le sugiere crear una institución independiente para proteger los derechos de los niños, según opinan las delegaciones de la República de Moldavia, Chipre, Grecia, Senegal y Eslovenia.
Noruega ha recomendado a Rumanía que intensifique sus esfuerzos para proteger a las personas discapacitadas cooperando más estrechamente con los expertos de las organizaciones no gubernamentales e investigando los casos de abuso así como facilitar el acceso a las personas discapacitadas y a los miembros de las minorías nacionales en el marco del sistema educativo. En cambio, Austria opina que nuestro país debería asegurarse de que los actos de discriminación y violencia contra las personas que pertenecen a la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales LGBT o a otros grupos vulnerables sean investigados de manera adecuada aplicándose sanciones. Grecia señala que el Estado rumano debería promover la tolerancia y el respeto a los miembros de esta comunidad. A la vez, Irlanda ha recomendado a Rumanía que adopte previsiones legislativas que aseguren la legalidad de las asociaciones civiles entre personas del mismo sexo. En más de 70 países, las leyes catalogan como delito ser homosexual, lo que significa que millones de personas se hallan en riesgo de detención, encarcelamiento y, en algunos casos, la ejecución. El Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los jefes de varias agencias de la ONU se manifestaron al respecto, haciendo un llamado a la comunidad internacional para la despenalización mundial de la homosexualidad y para la creación, implementación y fortalecimiento de medidas adicionales que permitan proteger a las personas de la comunidad LGBT de actos de violencia y de discriminación debido a su orientación sexual o a su identidad de género. Asimismo, varios Estados opinan que Rumanía debería elaborar e implementar un plan nacional para combatir la violencia de género.
Las propuestas de Bélgica y Alemania tienen que ver con las medidas que nuestro país debería tomar para combatir el Discurso de odio y los delitos motivados por el odio y el Estado rumano tendría que asegurarse de que estos actos fueran sancionados conforme a la ley. Además, varios Estados han recomendado a Rumanía intensificar sus esfuerzos para combatir las discriminaciones contra la comunidad romaní. En su informe de abril de 2016, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos instó a las autoridades a reconocer la grave discriminación que se ejercía contra la comunidad romaní, a aplicar la Estrategia para la Inclusión de los Ciudadanos y Ciudadanas Rumanos de Etnia Romaní para 2015-2020 y a adoptar medidas específicas en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y el empleo, entre ellas introducir salvaguardias legales contra los desalojos forzosos y mejorar el acceso a viviendas sociales. En cuanto a Hungría, este país sugiere al Gobierno rumano que revise el currículo y los manuales de historia para asegurar la diversidad cultural y para eliminar los perjuicios contra las minorías nacionales. A la vez, Rusia ha recomendado a Rumanía que adopte una ley según la cual sean castigadas las declaraciones discriminatorias y racistas hechas en público contra las minorías nacionales.
El informe final integrará la posición de Rumanía y será adoptado en el marco de la sesión 38 del Consejo para los Derechos Humanos que se desarrollará en el período 18 de junio-6 de julio de 2017. El mecanismo del Examen Periódico Universal requiere el examen de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años. Se trata de un proceso de cooperación dirigido por los Estados, con el auspicio del Consejo, que ofrece a cada uno de ellos la oportunidad de declarar qué medidas han adoptado y qué retos se han planteado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país, así como para cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. El EPU está diseñado para asegurar la universalidad y la igualdad de trato para todos los países.
