El Informe de la CE sobre Rumanía
Mezcla de luces y sombras en el último informe semestral elaborado por la CE sobre Rumanía.
Bogdan Matei, 23.02.2017, 15:54
Realizados como una radiografía general sobre los países miembros, los informes semestrales de la CE analizan los progresos o los retrasos registrados en sectores clave, como la economía, las políticas sociales, la educación o la justicia. Las evaluaciones indican que en la mayoría de los países miembros la recuperación económica ha contribuido a la reducción de la tasa del paro, aunque se han mantenido algunos niveles registrados antes de la crisis. En el caso de Rumanía, que el pasado 1 de enero celebró 10 años de su integración a la UE, el informe ha valorado positivamente la situación económica y las políticas sociales, pero ha expresado preocupación ante una posible superación del déficit estimado en un 3% del PIB, así como ante el riesgo de anular los progresos registrados en la lucha contra la corrupción. La estabilidad financiera mejoró en 2016, el sistema bancario fue bien capitalizado y la liquidez se mantuvo en un nivel confortable. Según el informe presentado por el Ejecutivo comunitario, en los últimos 2 años, en Rumanía se ha registrado un crecimiento económico sostenible, que en 2016 alcanzó un nivel máximo del 4,9%. Las reducciones significativas de tasas han hecho que el año pasado el déficit presupuestario aumentara al 2,8% del PIB . Las estimaciones indican que en 2017 el déficit superará el 3,6% y en 2018, el 3,9%, respectivamente. Además, se ha consolidado el mercado laboral, los salarios han aumentado y la tasa del paro ha bajado.
El nivel de pobreza, uno de los peores de la UE, se ha reducido, pero se ha mantenido la injusticia social, sobre todo entre los jóvenes, las familias con muchos niños, las personas discapacitadas y la población gitana o del entorno rural. En cuanto a la salud, aunque en 2016 se aprobaron algunas medidas nuevas, el sistema todavía es ineficiente y corrupto y el acceso a los servicios médicos es limitado, sobre todo en las aldeas. En el ámbito de la educación, el informe destaca las medidas insuficientes que se han tomado para la prevención del abandono escolar y el acceso limitado a la enseñanza superior para los jóvenes del entorno rural. En 2016 también se registró un avance de las reformas destinadas a la administración pública, pero los expertos comunitarios lo consideran insuficiente. La corrupción, según indica el informe, se ha mantenido en todos los niveles y sigue siendo un impedimento para el ámbito empresarial. Aunque en los últimos años Rumanía ha emprendido muchos esfuerzos para eliminar este azote, ahora todos sus progresos podrían verse anulados, ha advertido Bruselas y ha puesto como ejemplo las ordenanzas de urgencia recientemente aprobadas por el nuevo Gobierno formado por el PSD y la ALDE para modificar la legislación penal. El polémico decreto fue considerado un intento del Gobierno de indultar los delitos cometidos por algunos personajes influyentes de la política y la administración central y local. La ordenanza fue derogada, pero solo tras las advertencias enviadas por los socios occidentales, las críticas presentadas por la oposición y los medios de comunicación y sobre todo tras las amplias manifestaciones de protesta de cientos de miles de rumanos que salieron a la calle en Bucarest y en otras ciudades del país y del extranjero.
(trad. S. Sarbescu)