De nuevo sobre la revisión de la Ley Fundamental
Las autoridades de Bucarest hacen gestiones para que el referéndum sobre la revisión de la Ley Fundamental tenga lugar a finales del próximo mes de mayo.
Roxana Vasile, 20.01.2014, 14:31
Se han criticado tanto la forma como el contenido. Todos coinciden en que hace falta modificar la Constitución de Rumanía pero, a nivel político, las discrepancias sobre el contenido de las enmiendas y la fecha del referéndum sobre este asunto son motivo de disputas. La semana pasada, los líderes de la Unión Social Demócrata, alianza en el poder, anunciaron que la consulta popular sobre la revisión de la Ley Fundamental tendría lugar simultáneamente con las elecciones para el Parlamento Europeo a finales del mes de mayo.
Es más, se propone que este referéndum se desarrolle durante dos días, el 24 y el 25 de mayo, para conseguir la participación mínima del 50%. Organizar dos escrutinios a la vez no es ilegal, pero no es nada aconsejable, ha dicho el ex primer ministro demócrata liberal, Emil Boc. En su opinión, se corre el riesgo de distorsionar los debates sobre la elección de los rumanos que formarán parte del futuro Parlamento Europeo. Esta cuestión es sumamente importante ya que hablamos de elecciones que se organizan cada cinco años con un gran impacto sobre los destinos de la Unión y de cada país miembro. Por su parte, el poder desea demostrar que es capaz de llevar a buen término el compromiso asumido de revisar la Constitución.
La Comisión Parlamentaria creada para analizar las propuestas de revisión de la Constitución se reunirá el próximo 27 de enero para reanudar el debate después del fracaso en 2013 del primer proyecto legislativo. Esta nueva propuesta de modificación de la Ley Fundamental tendrá en cuenta las recomendaciones formuladas sobre el primer borrador por los representantes de la Comisión de Venecia, por el Consejo Legislativo y por las Asociaciones profesionales de juristas. El Poder desea que a principios del próximo mes de febrero la forma final del proyecto de enmienda sea enviada al Tribunal Constitucional, que decidirá si los parlamentarios reunidos en la Comisión han cumplido con las normas constitucionales al operar los cambios. Hay políticos que advierten sin embargo que, si a los electores no se les da suficiente tiempo para conocer los cambios propuestos, llamarán al boicot de esta consulta popular.
Entre los aspectos más criticados de la primera versión figura el hecho de que entre las autoridades que representan el poder ejecutivo no figura el jefe del Estado, cuyas atribuciones quedarían significativamente reducidas. Otra enmienda muy criticada quitaba a los ciudadanos el derecho a iniciar un referéndum de modificación de la Constitución. Se han criticado también los artículos que otorgaban poder ilimitado al Parlamento, ya que se le daba el derecho de decidir en cuestiones que no forman parte del ámbito de sus competencias.
Se ha objetado también que al presidente se le quitaba el derecho a disolver el Parlamento si los elegidos se niegan a aceptar esta medida. El líder liberal Crin Antonescu asegura que el proyecto de la nueva Constitución no tiene como objetivo servir a los intereses de la USL y no destruye la democracia, tal como advierten algunos.
(Trad. Irina Calin)