El Tribunal Constitucional sobre las medidas de alerta
El Tribunal Constitucional de Rumanía sigue siendo el mismo árbitro polémico y que disgusta a muchos, pero con sentencias implacables.
Bogdan Matei, 26.06.2020, 13:52
Este jueves, los jueces constitucionales han dictaminado que el confinamiento, la cuarentena y la hospitalización no pueden imponerse únicamente sobre la base de una orden ministerial, incluso si los afectados están infectados con el nuevo coronavirus. Consideran que dichos procedimientos restringen los derechos y las libertades individuales y que la imposición de medidas restrictivas solo puede establecerse mediante una ley que regule claramente estas restricciones. La decisión del Constitucional responde a una demanda del Defensor del Pueblo, que impugnó el decreto ley del Gobierno sobre las medidas destinadas a prevenir y combatir los efectos de la pandemia de COVID-19. El primer ministro liberal, Ludovic Orban, considera sin embargo que las personas en las situaciones previstas por la decisión del Constitucional no pueden abandonar la cuarentena, ni reclamar una indemnización del Estado antes de la publicación de la motivación y de la decisión del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial, ni tampoco después de eso. Afirma que la ley que permite al Gobierno imponer un estado de alerta ya está en vigor. Ludovic Orban:
«Actualmente, existe una ley aprobada por el Parlamento, la ley 55, que establece la legitimidad de esta medida. No entiendo por qué el Tribunal Constitucional ha preferido examinar una orden ministerial o un decreto ley adoptados previamente y no ha examinado la base legal del estado de emergencia, el decreto presidencial y la aprobación del Parlamento de estas medidas. ¿Dónde habría estado Rumanía si no hubiéramos garantizado la protección de la salud de la gente mediante la decisión de aislar a quienes tuvieron contacto con personas contagiadas, o de poner en cuarentena a los viajeros que vinieron de países con altos focos de contagio?».
Desde la oposición, el PSD, el principal partido parlamentario, afirma que el Ejecutivo debe presentar urgentemente un proyecto de ley que regule claramente las condiciones de cuarentena, confinamiento y hospitalización obligatoria. El presidente interino del Senado, el socialdemócrata Robert Cazanciuc, dice que, en el próximo período, podría haber una ola de demandas judiciales de parte de los afectados:
«Torturaron a personas asintomáticas durante semanas con la hospitalización obligatoria, mientras que los enfermos crónicos fueron privados de tratamiento vital. Instituyeron la cuarentena por orden ministerial, aunque saben muy bien que su regulación se puede hacer solo por ley. Ha sido la responsabilidad del Gobierno desde el principio. Es deber del Gobierno reparar este abuso de inmediato».
También este jueves, el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno por no haber sometido a votación del Parlamento la extensión del estado de alerta, a mediados de este mes. Los jueces constitucionales han decidido que el Parlamento no tiene el derecho de validar o rechazar por votación una decisión del Gobierno para el establecimiento del estado de alerta, porque tal medida afectaría el principio de separación de poderes en el Estado.