Justicia y anticorrupción
România Internațional, 03.02.2016, 12:52
El primer ministro rumano, Dacian Ciolos, ha declarado este martes ante los embajadores de los Estados miembros de la UE en Bucarest que el Mecanismo de Cooperación y Verificación en la justicia debería ser reemplazado por un sistema interno. El líder del Gobierno ha reiterado al mismo tiempo que Rumanía sigue siendo un candidato importante para el espacio de Schengen. Ciolos ha debatido, entre otras cosas, las tres grandes prioridades del Gobierno: la economía, la reforma de la administración y la preparación de Rumanía para asegurar la presidencia de la UE en 2019.
El mismo día, el presidente Klaus Iohannis ha declarado en la ceremonia de investidura de los graduados del Instituto Nacional de la Magistratura que Rumanía dio el año pasado pasos importantes en cuanto a la justicia y ha demostrado que los magistrados tienen un papel esencial en la lucha contra la corrupción. Iohannis ha subrayado que algunas de las prioridades de su mandato son garantizar la independencia de la justicia y consolidar el Estado de derecho. El jefe del Estado ha recordado a los jóvenes jueces y fiscales que deben ejercer su profesión con honestidad y equilibrio. Klaus Iohannis:
“La justicia se hace en nombre de la ley, la justicia es única, imparcial e igual para todos. Creo que la gente tiene grandes expectativas en los magistrados, en todo el personal que integra la autoridad judicial. Es su deber aplicar la ley de manera igual y reconquistar la confianza en la ley.”
Las declaraciones han sido realizadas en un período agitado para la justicia, con investigaciones y detenciones en el ámbito político. La Comisión Jurídica del Senado ha aprobado la solicitud de la Dirección Nacional Anticorrupción de iniciar las imputaciones penales contra el senador Gabriel Oprea, exministro del Interior, acusado de abuso de poder por haber utilizado las escoltas en sus desplazamientos de forma ilegal. Gabriel Oprea sigue declarando que es inocente y que no ha hecho nada diferente en comparación con otros ministros del Interior.
En cambio, el fiscal jefe de Rumanía, Tiberiu Nitu, ha dimitido tras ser imputado por la fiscalía anticorrupción por supuesto abuso de los servicios de la escolta policial en viajes privados. La ley prevé que solamente el presidente, el primer ministro y los dos presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado tienen derecho a escoltas policiales en sus desplazamientos públicos. Tiberiu Nitu ha explicado que no es su deber establecer el nivel de protección de un dignatario. Las instituciones especializadas del Estado deben encargarse de esto, por lo tanto no considera que infringió la ley al beneficiarse de las escoltas oficiales. Aunque no se considera culpable, el exfiscal general ha precisado que ha decidido dimitir porque su nombre y cargo han sido asociados de modo artificial con una situación que perjudica la imagen de la institución que ha dirigido. El mandato de Tiberiu Nitu habría finalizado el próximo mes de mayo.
