El Gobierno crea una agencia de recuperación de activos por corrupción
La Agencia Nacional de Administración de los Bienes Incautados es la institución que gestionará en Rumanía los bienes obtenidos ilegalmente.
Bogdan Matei, 28.05.2015, 14:42
En Bucarest se creará una nueva institución cuyo objetivo
será sancionar la corrupción. El Gobierno ha adoptado, este miércoles, el
proyecto de ley que prevé la creación de la Agencia Nacional de Administración
de Bienes Incautados. La Agencia estará subordinada al ministerio de Justicia y
entre sus atribuciones figuran la identificación de bienes
procedentes de actividades delictivas, su administración y finalmente su
valoración.
En el presente, la administración de los bienes incautados se realiza a
través de los órganos de investigación penal que todavía no han asignado ningún
presupuesto y tampoco han ofrecido los elementos necesarios de logística. En la
elaboración del proyecto de ley, que será enviado al Parlamento, el ministerio
rumano de Justicia ha consultado con expertos de estados occidentales como
Bélgica, Francia y Holanda, durante unas visitas de trabajo organizadas por la
Comisión Europea. Liderada por un director general, la Agencia tendrá al
comienzo 35 empleados que prácticamente se convertirán en los
super-administradores de algunas fortunas fabulosas
obtenidas de robos. Tan solo el año pasado, el valor de los bienes
incautados por la Fiscalía y la Policía totalizó unos 2.500 millones de lei, el equivalente a 500 millones de euros.
Esto significa
un 14% del total de las cuentas, colecciones de cuadros, casas, terrenos,
bosques o parques de coches susceptibles de incautación. Con
una parte de estos bienes, en realidad poco valiosa, según decía la jefa de la
Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, se pueden pagar los
sueldos de todos los médicos de Rumanía por un año. Kovesi añade que, en la
lucha contra la corrupción, la justicia puede cumplir con su deber sólo si se
confiscan los bienes obtenidos ilegalmente por las personas condenadas a prisión. En los últimos 3 años, decenas de
ministros, parlamentarios, presidentes de consejos de distrito o alcaldes,
magistrados, empresarios o altos funcionarios han sido condenados
a cárcel por actos de corrupción.
La aparición de la nueva Agencia rechaza la filosofía de vida que una parte
de la opinión pública rumana atribuye a los grandes corruptos de la clase
política: robo, paso algunos años en la cárcel y luego disfruto de lo que robé.
Es una situación injusta, señalan los periódicos, sobre
todo en un país donde muchísimas familias corren el riesgo de terminar en la
calle, no por haber infringido la ley sino porque,
después de la crisis económica, ya no pueden pagar sus créditos. Por lo tanto,
la incautación de los bienes obtenidos ilegalmente constituye una meta moral pero también pragmática porque según subrayan
los expertos, los efectos de la corrupción significan hospitales sin equipos
médicos, escuelas no rehabilitadas y carreteras que nunca se construirán.