Cómo combatir la pobreza
El gobierno de Rumanía ha lanzado a debate público un paquete de 47 medidas que persiguen combatir la pobreza.
Christine Leșcu, 20.07.2016, 10:10
El gobierno de Rumanía ha lanzado a debate público un paquete de 47 medidas que persiguen combatir la pobreza. Destinado principalmente a los menores de edad, porque 1,7 millones de éstos viven en condiciones de pobreza, dicho paquete se dirige también a otras categorías sociales, como los ancianos, mediante ideas que persiguen promover el envejecimiento activo. Con motivo de la presentación de este paquete el primer ministro, Dacian Ciolos, ha evidenciado los objetivos que persigue:
“En primer lugar, además de asegurar la identificación de enfermedades de manera temprana (el cribado médico) y la vacunación de los recién nacidos, tenemos que inscribirles en el registro de nacimiento. Hay casos de niños que por no estar inscritos en el registro de identidad son excluidos del sistema de asistencia y para ellos hemos ideado algunas soluciones. Además, tenemos que reducir el abandono escolar incluso para los jóvenes que han abandonado los estudios y no tienen la posibilidad de conseguir un lugar de trabajo. Tendremos que desarrollar, a través de la Agencia del Empleo, programas de asistencia que les ayuden a integrarse profesionalmente mediante la ampliación del programa “Escuela de segunda oportunidad.
Pero ¿cuál es la dimensión exacta de la pobreza, más allá de presentaciones generales del tipo Rumanía es uno de los países más pobres de la UE? A esta pregunta trata de contestar, desde hace casi un año, el Boletín Oficial elaborado por la Fundación “Friedrich Ebert Rumanía. Dicho proyecto centraliza, analiza y presenta para el público datos estadísticos sociales y económicos que proceden de varias instituciones nacionales y europeas. De esta síntesis, la coordinadora de programas de la Fundación “Friedrich Ebert, Victoria Stoiciu, aprecia que resulta claro que algunos de estos datos engañan, por ejemplo aquellos que informan que la tasa del paro de Rumanía es una de las más bajas de la UE. Las estadísticas con respecto al paro, el nivel de empleo de la mano de obra, así como los datos referentes a los trabajadores autónomos ocultan una realidad dura.
“En la UE, la definición de la tasa de empleo apunta hacia aquellas categorías de personas que prestan trabajos retribuidos o no retribuidos. Por ejemplo, en el último caso uno puede ser persona física autorizada o trabajador por cuenta propia. Conforme con dicha definición, en Rumanía existe un porcentaje decente de tasa de empleo que ronda un 60%, lo que nos enmarca en el promedio de la UE sin alcanzar el objetivo de la Agenda 2020. Por otra parte, si miramos la estructura de esta categoría nos percatamos de que contamos con casi 4,5 millones de asalariados. Además de éstos, hay casi 3 millones de personas de las cuales la mitad se considera trabajador autónomo, y los demás trabajadores familiares no retribuidos. Estos últimos prestan servicios en su propio hogar pero en realidad no realizan ingreso alguno y no son retribuidos al final del mes. Prácticamente son desocupados, sin un lugar de trabajo, pero desde el punto de vista de las estadísticas son considerados empleados. Un 90% de los trabajadores independientes se ocupa con la agricultura, sector que representa un tipo de empleo de subsistencia
Tampoco los asalariados tienen una situación mejor en las condiciones de que el salario mínimo bruto de Rumanía asciende a 218 euros, adelantando en poca medida al de Bulgaria que es considerado el más bajo de la UE, cuando el salario promedio neto alcanzaba, a finales de 2015, 473 euros. Además las llamadas transferencias sociales, ayudas de paro, indemnizaciones para los niños, pensiones y ayudas sociales, representan un 16% como máximo del PIB. Conviene subrayar que el promedio europeo es del 20% y en consecuencia Rumanía alcanza otro récord negativo, siendo el país europeo que menos gasta en la protección social. En semejantes condiciones, Victoria Stoiciu califica el actual paquete antipobreza de bueno, pero se reserva el derecho a dos observaciones:
“ A principios del año pasado fue adoptada la Estrategia Nacional Antipobreza para el período 2015-2020 que desgraciadamente, no ha sido continuada por el actual gobierno. Aunque no oímos critica alguna contra la antigua estrategia, el nuevo gobierno ha llegado con una estrategia distinta, y esta costumbre de los Ejecutivos de Rumanía de borrar la actividad de los gobiernos anteriores produce una ruptura en las políticas públicas. Por otra parte, todas las medidas del actual paquete referentes a las transferencias sociales son necesarias pero para luchar contra la pobreza hay que erradicar los males de raíz. El problema lo constituye la falta de lugares de trabajo.
El paquete antipobreza lanzado recientemente abarca también varios ejemplos de buenas prácticas, programas piloto creados por organizaciones no gubernamentales incluidas ahora en la legislación nacional. Es el caso del proyecto “ Cada niño en el jardín de infancia un proyecto desarrollado por la Asociación “OvidiuRo que supone la concesión de un vale social por un valor de 50 lei a las familias desfavorecidas cuyos niños no abandonan el jardín de infancia. Este vale se puede utilizar para comprar alimentos, productos de higiene, ropa y calzado. Maria Gheorghiu presidenta ejecutiva de la Fundación “OvidiuRo nos amplía detalles:
“Iniciamos la aplicación de este proyecto piloto en 2010 y en 2015 elaboramos un proyecto legislativo para transformalo en un programa nacional. En octubre de 2015, la Cámara de los Diputados votó la ley y luego siguió la colaboración con el actual gobierno en aras de la redacción de las normas de aplicación. Estas han sido ultimadas a principios del mes de enero y después nuestro programa ha sido incorporado también al paquete para combatir de la pobreza. El mecanismo consiste en conceder a los niños procedentes de familias desfavorecidas unos vales sociales a condición de asistir con regularidad al jardín de infancia. Completamos el mecanismo con otras medidas como la de conceder ropa, calzado y útiles.
Hasta el pasado 10 de febrero, los ayuntamientos tuvieron que enviar un número estimado de niños elegibles a las administraciones financieras y éstas han enviado ya el dinero necesario a los presupuestos locales.
