La Ley de Insolvencia para las Personas Físicas

La Cámara de los Diputados, como cámara decisoria, ha adoptado recientemente la Ley de Insolvencia para las Personas Físicas, que fue promulgada también por el presidente Klaus Iohannis.

Florin Orban, 01.07.2015, 12:12

La
Cámara de los Diputados, como cámara decisoria, ha adoptado recientemente la
Ley de Insolvencia para las Personas Físicas, que fue promulgada también por el
presidente Klaus Iohannis. Según los precursores, era una ley necesaria
especialmente después del inicio de la crisis que empezó en invierno y que fue
provocada por la gran apreciación del franco suizo frente al euro y a la moneda
nacional, cuando miles de rumanos se vieron ante la imposibilidad de devolver
los préstamos en moneda suiza. El proyecto se basa
en los estudios realizados en 12 estados y es el resultado de los debates desarrollados a partir del mes de marzo
de 2014 con todas las instituciones implicadas.

La ley será un verdadero apoyo
para los rumanos de buena fe sofocados por las deudas, ha afirmado la
iniciadora de la ley, la diputada del Partido Social Demócrata, Ana Birchal. Según las normas adoptadas, de esta ley se beneficiará
cualquier deudor de buena fe que tenga un problema financiero que no sea por
culpa suya. El deudor podrá reestructurar sus deudas en base a un plan de
recuperación, en un plazo de cinco años, con la posibilidad de extenderlo un
año más. Si inicia el procedimiento de insolvencia, el deudor no podrá ser
ejecutado forzosamente y cesará cualquier sanción por retraso. La ley prevé que
cualquier deudor que 90 días después de la fecha límite de pago sepa que ya no
puede pagar sus deudas, podrá pedir entrar en insolvencia y, de esta manera, recuperarse
en base al plan de reembolso, según ha destacado Ana Birchal.

Tenemos dos procedimientos: cuando el deudor no tiene
ninguna posibilidad de recuperarse puede solicitar la liquidación o puede reestructurar sus deudas según el plan que
propone, bajo la supervisión y la asesoría de un administración del
procedimiento asignado por una comisión de insolvencia. El administrador puede
proceder de los especialistas en insolvencia, de los abogados, de los notarios
o de los ejecutores judiciales. Los gastos del procedimiento de reembolso están
previstos en el plan de reembolso, y los gastos para iniciar el procedimiento
serán soportados por el presupuesto público, ha destacado también la diputada
del Partido Social Demócrata. El profesor de inversiones de la Academia de
Estudios Económicos de Bucarest, Adrian Mitroi, ha hablado para Radio Rumanía sobre este acto normativo:

Esta ley es un poco apurada. Esta es mi
opinión, porque, siendo una ley tan importante, es necesario tener tiempo para
analizarla. Supone muchos factores y creo que no deberíamos apresurarnos,
porque la prisa podría tener efectos negativos. Un sistema de insolvencia moderno
debe tener una ley de este tipo, pero también necesitamos otros pasos previos.
Existen muchas partes interesadas y se
deberían haber consultado todas estas partes: el Banco Central, los bancos
comerciales y las instituciones internacionales. Se debería haber realizado un
estudio de impacto, para ver los resultados. Debería haber existido un apoyo
institucional adecuado, necesitaremos jueces que tengan el tiempo, la capacidad
y la paciencia necesaria para esto. Deberíamos habernos inspirado en la experiencia
de otra naciones, europeas, estadounidenses, anglosajonas que hacen cosas de
este tipo, y también creo que nos faltan algunas instituciones previas, y les
voy a poner un ejemplo: la puntuación de crédito. Existe una puntuación para el
crédito de tal manera que los deudores
buenos y de buena fe pueden obtienen préstamos mucho más baratos y más cómodos.
Esto supone muchas cosas, tanto por parte de las personas implicadas, como de
las personas que no estén implicadas. Por ejemplo, aquellos que están en una
situación difícil y que siguen pagando sus deudas.

El
catedrático Adrian Mitroi ha hablado también sobre los efectos
que podría tener el inicio del procedimiento de insolvencia para las personas
físicas:

No hay que considerarlo una
solución, sino que hay que saber. No es fácil,
ni cómodo, que alguien sea el total responsable de todos tus negocios
personales, de todos tus pagos. Es sólo una ventaja temporal. Por ejemplo, creo
que esta posición causará también un poco de azar moral en la sociedad, porque
las demás personas de las que estaba hablando, que están en una situación igual
de difícil, que han pagado hasta ahora, sentirán que la ley favorece sólo a
algunos. Entonces la pérdida de los bancos no permanecerá allí, sino que se
transferirá también, de una manera u ora, tarde o temprano, a los clientes que
han pagado o que pagarán sus deudas, etc. Es decir que el estudio de impacto
del que estaba hablando puede mantener la equidad social y económica, porque
creo que estamos hablando de una ley fundamental, de importancia estratégica.

Cabe
destacar que los expertos del Fondo Monetario Internacional se han mostrado
preocupados por la aprobación de la Ley de Insolvencia de las Personas Físicas
sin un estudio de impacto adecuado, al igual que la Asociación Rumana de los
Bancos. De todas formas, lo veremos cuando se ponga en marcha la ley, porque
las normas de aplicación necesitan el visto bueno del Gobierno de Rumanía.