Supresión de la Sección Especial de Investigación de Delitos en la Justicia
Desaparece de Rumanía la estructura considerada un medio para intimidar a los magistrados.
Bogdan Matei, 15.02.2022, 15:08
La historia de una de las estructuras más controvertidas del sistema judicial postcomunista de Rumanía se acerca a su final. El lunes, el Gobierno de Bucarest aprobó un proyecto de ley para suprimir la Sección Especial de Investigación de Delitos en la Justicia (SIIJ). El jefe de gabinete de la coalición, el liberal Nicolae Ciucă, recordó que se trata de un objetivo recogido tanto en el programa de gobierno como en el Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), a través del cual Bruselas supervisa el funcionamiento del Estado de derecho desde que Rumanía entró en la Unión Europea en 2007.
El proyecto de ley redactado por el Ministerio de Justicia prevé la transferencia a otras estructuras de los expedientes elaborados por la Sección Especial de Investigación de Delitos en la Justicia. Los casos que actualmente tramita esta sección serán transmitidos, por vía administrativa, en un plazo de 60 días laborales a partir de la entrada en vigor de la ley, por la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia a las fiscalías competentes, que seguirán ocupándose de ellos. Los jueces y fiscales de alto rango acusados de violar la ley serán investigados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia, y los jueces y fiscales de menor rango por las fiscalías de otros tribunales. La plantilla y el personal de la SIIJ se mantienen en la plantilla de la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia, pero en la Sección de Procesamiento Penal y Forense. A partir de la fecha de cierre de la SIIJ, sus fiscales, incluidos los que ocupan cargos superiores, volverán a las fiscalías de las que proceden. El proyecto de ley se enviará al Parlamento para su debate y aprobación.
La mayoría de los medios de comunicación de Bucarest y los expertos jurídicos siempre han afirmado que, lejos de luchar contra los delitos en la Justicia, la SIIJ era en realidad un invento diseñado para intimidar a los magistrados y obstruir la lucha contra la corrupción. El padrino de la sección era, según los medios, el autoritario ex líder del PSD, Liviu Dragnea, que dominó la vida política de Rumanía durante varios años antes de acabar finalmente entre rejas en 2019 por corrupción.
La actual jefa de la Fiscalía Europea (EPPO), Laura Codruța Kovesi, que dirigió la Dirección Nacional Anticorrupción en Rumanía con una eficacia aún inigualable, confesó poco antes de ser destituida en junio de 2018 por el presidente Klaus Iohannis, tras una decisión definitiva del Tribunal Constitucional, que el mayor reto de la justicia rumana en esos años era preservar la independencia de los jueces y fiscales. Hubo repetidos intentos de modificar la legislación anticorrupción para limitar las herramientas legislativas utilizadas por los fiscales anticorrupción o para despenalizar ciertos actos. Hubo situaciones en las que se denegó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a los políticos acusados de delitos de corrupción, recordó en aquel entonces la Sra. Kovesi.
Versión en español: Victoria Sepciu