Retrospectiva semanal
La cumbre de la Comunidad Política Europea en Chisináu/Continúa la huelga general de la educación/Las pensiones especiales
Mihai Pelin, 03.06.2023, 09:17
La cumbre de la Comunidad Política Europea tuvo lugar en Chisináu
El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, reafirmó este jueves en Chisináu durante la segunda edición de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP) la importancia del apoyo a Ucrania, país que sigue siendo el objetivo de los ataques «despiadados» de Rusia. El jefe de Estado declaró que la cumbre organizada por la República de Moldavia (exsoviética, predominantemente de habla rumana) es ilustrativa de su vocación europea, por la seriedad de los esfuerzos de reforma dedicados a su adhesión a la UE y demuestra el enfoque de atención en toda la Vecindad Oriental y la región del mar Negro. Iohannis elogió positivamente la presencia en la reunión de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. La consolidación de la República de Moldavia también significa la consolidación de la resiliencia estratégica de Europa, apreció el líder de Bucarest. Casi 50 jefes de Estado y de Gobierno se dieron cita en la República de Moldavia, siendo la anfitriona de la cumbre la presidenta Maia Sandu, quien precisó que la presencia de líderes europeos era una prueba clara de que Moldavia no estaba sola. La Comisión Europea estuvo representada por la presidenta Úrsula von der Leyen y el jefe de la diplomacia, Josep Borrell. Los líderes debatieron la seguridad y la paz, el desarrollo de la infraestructura económica y social en el espacio europeo, pero también la guerra en Ucrania. La CPE es un formato intergubernamental de debate y una plataforma de coordinación política entre los Estados europeos con el fin de promover el diálogo político y la cooperación en temas de interés común para fortalecer la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en el continente. La primera reunión de la CPE tuvo lugar en octubre de 2022 en Praga.
Continúa la huelga general de la educación
En Bucarest, los sindicatos de la educación han anunciado que la huelga general continuará el martes, después de las minivacaciones del Día del Niño y el Pentecostés ortodoxo. El anuncio ha sido hecho después de la nueva ronda de consultas con el Ejecutivo del jueves. Anteriormente, este había adoptado el decreto ley que estipula que el salario del personal didáctico y didáctico auxiliar aumentará en 1.000 leus brutos mensuales (200 euros), respectivamente en 400 leus (aproximadamente 80 euros) brutos para el personal no docente. Los sindicatos consideran que estos aumentos son insuficientes y al mismo tiempo rechazan la propuesta del Gobierno de que los futuros aumentos sean escalonados, en un plazo máximo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la nueva ley del salario. De acuerdo con la promesa de las autoridades, en el futuro régimen retributivo con los ingresos de los empleados públicos el salario del profesor recién egresado corresponderá al salario bruto promedio de la economía y representará el punto de referencia del esquema salarial de la educación. El presidente Klaus Iohannis ha expresado su esperanza de que los profesores regresen a las clases el martes. Ha pedido a los profesores que no dificulten los exámenes nacionales. Además de la huelga, en los últimos días han tenido lugar grandes protestas callejeras tanto en la capital como en numerosas ciudades de Rumanía. Los sindicatos exigen un aumento en un 25 % de los ingresos de todos los empleados y, para los profesores recién licenciados un salario al nivel del salario promedio bruto de la economía, es decir, casi 4.000 leus (aproximadamente 800 euros). Los empleados de la educación se declararon en huelga el 22 de mayo, descontentos con el nivel de los salarios y las condiciones de trabajo.
Protestas en Rumanía
Además de los empleados de la educación, los funcionarios de los penitenciarios están empezando a protestar. Rechazan el aumento de la edad de jubilación a 65 años, pues afirman que la expectativa de vida de los empleados del sistema es de 62 años. El miércoles, algunos de ellos postergaron el inicio de la actividad, con el fin de manifestar su descontento respecto al nivel de salarios y condiciones laborales. También los registradores han anunciado que se unirán a las protestas iniciadas por las demás categorías de empleados del sistema presupuestario. Critican la elevación de la edad de jubilación a los 65 años, incluso para el personal auxiliar de los tribunales. A su vez, el lunes, en la capital, cientos de empleados de los Ferrocarriles Rumanos organizaron una manifestación de protesta. Acusan la continuada degradación de las condiciones de trabajo y el hecho de que no haya un régimen retributivo en CFR Viajeros que permita un sistema para estimular el rendimiento y aumentar la eficiencia de los empleados. Los sindicalistas del sector médico también han lanzado un calendario de protestas. Las reivindicaciones se refieren a la aplicación de las disposiciones de la ley del salario a todos los trabajadores, la concesión de bonos de vacaciones y la modificación del sistema de cálculo de las asignaciones, guardias y alimentos.
Las pensiones especiales centran la atención de los diputados
Los diputados rumanos tienen en su mesa de trabajo el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones, que beneficia principalmente a los magistrados y los empleados de las fuerzas de seguridad. La reforma en el campo es un objetivo asumido en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. La USR, en la oposición, siempre ha abogado por la eliminación de las pensiones especiales y el proyecto recibió enmiendas de los partidos de la coalición PSD – PNL – UDMR antes de haber llegado a los diputados. Entre las enmiendas se encuentra la correlación de la edad de jubilación estándar con el sistema público de pensiones, con el fin de eliminar las excepciones, de modo que, para los diplomáticos y el personal auxiliar de los tribunales, la edad de jubilación estándar aumente a 65 años. También se modifica la base de cálculo de las pensiones especiales para alinearse al sistema público. Si actualmente se tomaban en cálculo los ingresos de los últimos 12 meses, este período se incrementará escalonadamente hasta los 300 meses. Además, ninguna pensión de jubilación podrá exceder los ingresos obtenidos durante el período de actividad. Como era de esperar, el Consejo Superior de la Magistratura criticó el proyecto de las pensiones especiales y advirtió que un aumento repentino en la edad de jubilación de jueces y fiscales podría provocar la salida del sistema de más de 1.500 magistrados.
