Retrospectiva de la actualidad semanal
El borrador de la futura ley de pensiones, a debate público.Las nuevas medidas fiscal-presupuestarias, vigentes desde el 1 de noviembre.
Ştefan Stoica, 04.11.2023, 18:33
El borrador de la futura ley de pensiones, a debate público
El borrador de la nueva ley de pensiones entró en debate público esta semana, y la coalición gobernante social-liberal fijó una fecha límite ambiciosa, el 20 de noviembre, para su adopción. La ley entraría en vigor el 1 de enero, fecha en la que todas las pensiones aumentarán en casi un 14 por ciento. Otro aumento de las pensiones, resultado del recálculo que se hará en base a la nueva ley, se produciría el 1 de septiembre del próximo año. Según el proyecto, el período mínimo de cotización para beneficiarse de la pensión será de 15 años, y para la jubilación anticipada serán necesarios 35 años de cotización. Hasta 2035, la edad de jubilación se igualará, para hombres y mujeres, en 65 años. Sin embargo, las mujeres que hayan criado hijos podrán beneficiarse de la reducción de la edad estándar de jubilación, en función de su número. Los incrementos contributivos no permanentes, como la remuneración por horas, el decimotercer salario o las bonificaciones, se calcularán en el momento de la jubilación. Los iniciadores de la nueva ley afirman que se propusieron eliminar las desigualdades en el sistema, que permitían a empleados con la misma antigüedad y cargos idénticos beneficiarse de pensiones diferentes. El primer ministro Marcel Ciolacu aseguró que, tras el nuevo cálculo, ninguna pensión sería inferior a la que se paga en el presente.
Las nuevas medidas fiscal-presupuestarias, vigentes desde el 1 de noviembre
Duramente criticadas por el entorno empresarial e impugnadas, sin éxito, por la oposición ante el Tribunal Constitucional, las medidas del paquete fiscal-presupuestario por el cual el Gabinete de Rumanía asumió la responsabilidad entraron en vigor el 1 de noviembre. Las microempresas pagarán un impuesto del 1% sobre el volumen de negocios hasta unos ingresos de hasta 60.000 euros al año y del 3% si los ingresos superan esta cantidad. Las grandes empresas con una facturación superior a 50 millones de euros pagarán un impuesto mínimo del 1% sobre la facturación y los bancos un impuesto adicional del 2% sobre la facturación en 2024 y 2025 para volver a un impuesto del 1% en 3 años. Y las empresas de petróleo y gas con negocios superiores a 50 millones de euros pagarán un impuesto adicional del 0,5%. La exención del impuesto en el sector de la Tecnología de la Información se mantiene únicamente para ingresos inferiores a 10.000 leus, el equivalente a 2.000 euros. Los empleados de la construcción, la agricultura y la industria alimentaria ya no estarán exentos del pago de la cotización para la salud. Para que los ingresos de los empleados de estos sectores, que contribuyen fuertemente al PIB, no se vean afectados, el Ejecutivo aumentó, en su caso, esta semana el salario mínimo. Más de 400.000 empleados de la construcción y 170.000 de la industria agroalimentaria se beneficiarán de la medida. La entrada en vigor no salvó al paquete fiscal-presupuestario de las críticas de los empresarios. Dicen que los nuevos impuestos reducirán las inversiones extranjeras y tendrán un efecto contrario al estimado en términos de la reducción del déficit, que podría ascender a 20 mil millones de euros. Según el entorno empresarial, las medidas deberían haber estado dirigidas principalmente a combatir la evasión fiscal, mejorar la recaudación de ingresos y hacer más eficiente la actividad de la Agencia Tributaria, sin afectar al entorno empresarial mediante el aumento de los impuestos.
Protestas sindicales
Los empleados de la Casa Nacional de Seguros de Sanidad y de las casas distritales iniciaron, el jueves, protestas por tiempo indefinido. La actividad con el público será bloqueada y los empleados protestarán en las oficinas hasta recibir mayores salarios, anunció el Bloque Nacional Sindical, que los representa. El Bloque Nacional Sindical afirma que, desde 2018, estos empleados no se han beneficiado de ningún aumento salarial y que existen recursos financieros para dichos aumentos. La protesta de los empleados de las compañías de seguros de sanidad afecta la liquidación de los gastos de los prestadores de servicios médicos y el seguro de medicamentos y material sanitario de los programas nacionales de salud para pacientes con enfermedades crónicas. El ministro de Sanidad, Alexandru Rafila, ha transmitido que no se puede aceptar la interrupción de la prestación de servicios médicos y espera que haya un diálogo entre la dirección de la Casa Nacional y los empleados. También ha afirmado que, aunque la Casa Nacional de Seguros de Sanidad tiene el mayor presupuesto de Rumanía, existe un problema de cotización, ya que sólo 5 millones de personas contribuyen al fondo de seguro, mientras que 19 millones se benefician de los servicios médicos.
Vera Jourova en Bucarest
El mecanismo del estado de derecho, la lucha contra la desinformación y la transición digital dominaron las discusiones que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, mantuvo en Bucarest con los funcionarios rumanos. Afirmó que Rumanía va bien en términos de justicia, pero añadió que se necesitan otras normas legales para que los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial bien preparado. En cuanto a la digitalización, Věra Jourová opinó que Rumanía tiene un potencial especial y recordó que, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, se destinan 5.000 millones de euros a la digitalización de las empresas, la red 5G, así como a la educación y la administración electrónica. La ministra de Justicia, Alina Gorghiu, aseguró que Bucarest seguirá modernizando el sistema judicial, adoptará una legislación predecible e intensificará la actividad de la Dirección Anticorrupción y de la DIICOT en cuestiones importantes como la droga y la trata de personas.
(Ştefan Stoica)
