Medidas fiscales y presupuestarias de final de año
Las medidas fiscales y presupuestarias aprobadas por el Gobierno de Rumanía han sido atacadas por las organizaciones sindicales y patronales.
Leyla Cheamil, 31.12.2024, 11:43
En la última sesión de este año, el Gobierno de Rumanía aprobó un decreto ley sobre cuya base se elaborará el presupuesto del Estado para 2025. Fuertemente atacado, el documento pretende frenar el gasto estatal y reducir el despilfarro presupuestario en un 1% del PIB, lo que equivale a unos 19.000 millones de leus. Otro objetivo es aumentar los ingresos presupuestarios aplicando las reformas estructurales del PNRR.
El primer ministro socialdemócrata, Marcel Ciolacu, ha señalado que Rumanía ha obtenido de la Comisión Europea una prórroga de cuatro a siete años para reducir el déficit presupuestario, y el primer paso es reducirlo al 7% en 2025. Se avecina un año económico difícil, ha destacado Ciolacu, y en este contexto, son necesarias medidas para proteger a Rumanía «de posibles riesgos financieros significativosˮ. Las medidas previstas incluyen la congelación de las pensiones y los salarios en el sector presupuestario, así como de las ayudas estatales por hijos.
El documento también prevé la subvención a los partidos políticos en un 25% frente al nivel de este año. Por otro lado, no habrá más contrataciones estatales en 2025 y se suprimirán y fusionarán organismos e instituciones públicas. Al mismo tiempo, se concederán vales de vacaciones con un copago de 800 leus por parte del empleado. El ministro de Finanzas, Tánczos Barna, ha afirmado que el decreto ley también estipula que las personas que trabajen en la construcción, la agricultura y la TI pagarán impuestos sobre sus salarios. El documento aprobado por el Gobierno aumenta el impuesto sobre los dividendos del 8% al 10% e introduce un nuevo impuesto sobre las construcciones especiales. Este impuesto no se recaudará hasta dentro de 90 días, durante los cuales se elaborarán las normas de aplicación y el ministro de Finanzas celebrará consultas con las grandes empresas que invierten en Rumanía sobre el impuesto.
Varias organizaciones sindicales y patronales han expresado su descontento con las medidas fiscales y presupuestarias adoptadas por el Ejecutivo. Los sindicatos de los sectores de la educación, la administración pública y la asistencia social, así como la Federación de Empresarios de la Energía, criticaron la falta de diálogo social y la precipitación con la que se promovió el decreto ley.
Los sindicatos de la enseñanza se oponen a la congelación salarial, mientras que los empresarios de la alimentación desaprueban la supresión de las desgravaciones fiscales para los empleados en este sector, y los representantes de las pymes se quejan de la reducción del umbral impositivo y el aumento de la imposición sobre los dividendos. Los estudiantes, por su parte, están descontentos por la limitación de las bonificaciones al transporte ferroviario. Los policías de prisiones salieron a la calle para expresar su descontento con el decreto ley. Afirman que perderán hasta el 30% de su sueldo con las nuevas disposiciones.
Versión en español: Monica Tarău
