Reacciones sobre las leyes de la justicia
Al adherirse a la Unión Europea en 2007, Rumanía ha registrado en los últimos años unos logros significativos en el sector de la Justicia, destacados también por Bruselas, que supervisa estrictamente este ámbito.
Corina Cristea, 24.08.2017, 12:52
El proyecto de reforma significativa del sistema de Justicia de Rumanía presentado este miércoles por el ministro de especialidad, Tudorel Toader ha provocado unas reacciones como la del presidente Klaus Iohannis, quien lo considera un “ataque contra el Estado de derecho”.
La iniciativa que viene seis meses después de un intento del Gobierno de centroizquierda de Bucarest de relajar las leyes anticorrupción prevé incluso la reducción de las atribuciones de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), que no podría investigar más a los jueces. Hay numerosos cambios, desde la manera de nombrar a los fiscales jefes hasta la creación de una unidad especial de investigación de los delitos cometidos por los magistrados.
“Si el Gobierno adopta esta mezcla de medidas y el Parlamento da el visto bueno, se borrarán los esfuerzos de Rumanía de los últimos diez años, y el sistema de Justicia volverá a un periodo en que se subordinaba a la política”, ha reaccionado rápidamente el jefe del Estado. Según las leyes vigentes, el presidente nombra a los fiscales jefes, siguiendo la propuesta del ministro de Justicia y tras el acuerdo consultivo del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), la institución que garantiza la independencia de la Justicia. Toader ha propuesto también que el ministro de Justicia, nombrado políticamente, tome el control sobre la unidad de inspección judicial, del CSM.
Los analistas y los magistrados consideran que esta decisión conllevaría la injerencia de la política en el sistema de Justicia. Al mismo tiempo, la Fiscalía General considera que estas propuestas son una señal de alarma, afirmando que los fiscales no han sido consultados.Y la clase política ha reaccionado.
El principal partido de la oposición, el PNL, ha afirmado que las modificaciones de las leyes de la Justicia que propone Tudorel Toader no son constitucionales y los partidos que están en el Gobierno, el PSD y la ALDE, tienen la intención de subordinar políticamente la Justicia, violando la voluntad de la gente, expresada con fuerza a principios de este año mediante unas ámplias manifestaciones, pero también los compromisos internacionales de Rumanía.
La Unión Salvad Rumanía ha manifestado también su firme desacuerdo con las propuestas legislativas para modificar las leyes de la Justicia presentadas por el ministro Toader y ha anunciado que está preparando una moción simple contra el mismo.
Desde Bruselas, la europarlamentaria Norica Nicolai (de la ALDE), exministra de Justicia, considera que el proyecto representa un buen inicio y espera que las leyes se adopten rápidamente, para que se pongan en marcha a partir de 2018, lo que según ella permitiría levantar el Mecanismo de Cooperación y Verificación.
En cambio, otra europarlamentaria, de centroderecha, Monica Macovei, también exministra de Justicia, considera que mediante el proyecto del ministro Tudorel Toader se proponen unas “modificaciones fatales para la Justicia y el país”.