La asociación estratégica con los Estados Unidos, la participación en la OTAN y la Unión Europea siguen siendo los pilares de la política exterior y de seguridad de Rumanía para los próximos años.
El Senado de Bucarest ha aprobado la moción simple iniciada por el PSD contra el ministro del Interior, criticado por las decisiones tomadas en el contexto de la pandemia.
Motivo constante de reproches mutuos entre el poder y la oposición en los últimos 30 años, la situación de la enseñanza rumana sigue siendo un tema candente, sobre el trasfondo de la crisis pandémica.
La pandemia de coronavirus está dejando huella en las economías de todo el mundo. Rumanía no es una excepción.
Una parte de los rumanos que optaron por trabajar también durante la pandemia de enfermedad por coronavirus en los países occidentales se enfrenta a una serie de problemas.
El Parlamento rumano ha aprobado, por una gran mayoría, el establecimiento del estado de alerta durante 30 días.
Las autoridades rumanas y alemanas han acordado colaborar mejor respecto a los trabajadores estacionales.
Ha entrado en vigor la decisión del Gobierno mediante la cual se declara el estado de alerta, y el documento será presentado al Parlamento.
Un 98% de los rumanos son personas que respetan la ley cuya responsabilidad ha contribuido a mantener la epidemia bajo control, han afirmado las autoridades en Bucarest. Sin embargo, el inicio del estado de alerta ha estado marcado por numerosos desvíos.
A partir del 15 de mayo, los rumanos entran en estado de alerta.
Después de dos meses en estado de emergencia, Rumanía entra en estado de alerta.
Más de mil personas han muerto en Rumanía a causa de la infección por el nuevo coronavirus desde el 22 de marzo, cuando se registró la primera muerte por esta causa en el país.
El ministro rumano de Finanzas, Florin Cîțu, se enfrenta por segunda vez en su mandato a una moción simple, después de la aprobada por el Senado a finales del año pasado.
Los rumanos esperan con impaciencia la relajación de las medidas impuestas en el estado de alarma para poder beneficiarse de sus derechos y libertades afectados por la pandemia de COVID-19.
De la decisión del Tribunal Constitucional sobre las multas durante el estado de emergencia al cruce de espadas políticas ha habido sólo un paso.
