El Tribunal Constitucional de Rumanía sigue siendo el mismo árbitro polémico y que disgusta a muchos, pero con sentencias implacables.
El clima extremo causa grandes problemas en Rumanía donde las inundaciones de los últimos días han provocado la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos.
Las lluvias torrenciales caídas en los últimos días han creado grandes problemas en Rumanía que todavía está bajo advertencia.
Sobre el trasfondo de las medidas de relajación, Rumanía se enfrenta a un aumento de los casos de infección con el nuevo coronavirus y las autoridades llaman a la responsabilidad.
En Rumanía, el número de casos de infección con el nuevo coronavirus ha excedido los 24.000, pero la verdadera causa de preocupación es la alta tasa de contagios diarios.
En Bucarest, el Tribunal Constitucional ha sido notificado en referencia a la ley que grava las pensiones especiales.
El Parlamento de Bucarest ha decidido gravar las llamadas pensiones especiales.
En los últimos días, las infecciones por el nuevo coronavirus han registrado una tendencia creciente y el número de curados ha disminuido. Por eso, los especialistas hacen un llamamiento a la responsabilidad.
A partir de este lunes, Rumanía entra en una nueva etapa de relajación de las medidas contra la COVID-19.
Alertas naranjas y rojas por tormentas para todo el país durante estos últimos días.
Después del programa IMM Invest, el Ejecutivo rumano anuncia un programa destinado a las empresas grandes.
El Senado rumano ha aprobado la moción simple presentada por el PSD (oposición) contra la ministra de Trabajo, Violeta Alexandru. Su aprobación no implica la destitución de la ministra.
Las autoridades rumanas han afirmado que no podemos renunciar totalmente a las restricciones y que las futuras medidas se tomarán en función de lo que suceda esta semana.
En Rumanía, es posible volver a la vida de antes de la pandemia hacia finales del verano, pero manteniendo ciertos hábitos que hemos adoptado, estima el ministro de Sanidad.
El Tribunal Constitucional ha declarado que la prórroga de los mandatos de los electos locales es inconstitucional y que la fecha de las elecciones debería fijarse por el Legislativo y el Ejecutivo, conjuntamente.
