¿La reforma de los cargos públicos?
El Gobierno de Rumanía ha aprobado la Estrategia para el desarrollo de los cargos públicos entre 2016 y 2020.
România Internațional, 28.07.2016, 14:42
El Gobierno ha anunciado este miércoles nuevas medidas destinadas a reducir la burocracia y ha aprobado una estrategia para desarrollar los cargos públicos, en el periodo 2016-2020. La estrategia pretende promover los principios y los objetivos que forman parte de un plan más amplio, llamado Consolidación de la Administración Pública (SCAP) en 2014 – 2020. Así, el documento pretende obtener mejores resultados en la administración central y local. También pretende prevenir la corrupción, así como mejorar la percepción de los ciudadanos de las instituciones públicas. Según ha destacado el viceprimer ministro Vasile Dâncu, pronto se aprobarán algunas ordenanzas para simplificar los procedimientos burocráticos, sobre todo en la administración local, y, al mismo tiempo, para eliminar las regulaciones excesivas, que han generado la percepción de corrupción en la administración. En este momento, hay mucha burocracia en el Estado rumano y la administración tiene un poder excesivo. Aunque el Gobierno tecnócrata de Bucarest ha adoptado ya una serie de medidas positivas, éstas son insuficientes para una eliminación total de la burocracia. Según el viceprimer ministro, la aplicación de la estrategia para el desarrollo de los cargos públicos representa un elemento fundamental en la modernización del Estado rumano.
“Hemos comenzado, ha dicho Vasile Dâncu, con la crisis que ha ido manifestándose en el Estado rumano, en sectores como la educación o la sanidad, una crisis que se vincula directamente a la relación con el ciudadano. Por lo tanto, necesitamos modernizar el Estado para recuperar la confianza. Este es un objetivo importante, ya que, si baja la confianza en el Estado rumano, incluso la democracia está en peligro.”
Esta estrategia no significa despedir a empleados, salvo en el caso de un análisis más extenso, para no repetir los errores del pasado, cuando una serie de medidas de austeridad fueron aplicadas de manera excesiva, generando irregularidades en la administración. Respecto a los salarios, se considera que la administración pública no tiene salarios decentes. La estrategia prevé que en el futuro los jefes de instituciones puedan repartir una parte de los salarios en función de los resultados de los empleados. El Ejecutivo también prevé mejorar el nivel profesional de los empleados públicos y está analizando la posibilidad de organizar un examen único nacional para los que quieran trabajar en instituciones públicas. En cuanto a la ética, integridad y prevención de la corrupción en el ámbito administrativo, el documento aprobado propone reducir en un 30%, antes de 2020, el número total de delitos de corrupción. Estas acciones se refieren incluso a la transparencia en la comunicación de interés público, sobre todo en sectores sensibles como adquisiciones e inversiones públicas. Además, debemos aclarar el papel y el mandato de la Agencia Nacional de Empleados Públicos y aplicar, antes de fin del próximo año, un sistema informático nacional destinado al registro de ocupación laboral en la administración pública, para todas las categorías de cargos o empleos.