El Gobierno rumano presenta sus nuevas medidas fiscales
El Gobierno de Rumanía defiende ante el Parlamento su proyecto de reforma fiscal y presupuestaria
Roxana Vasile, 27.09.2023, 12:39
El Gobierno rumano de coalición, integrado por el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL), presentó el martes, ante el Parlamento, su proyecto de profunda reforma fiscal y presupuestaria, una de las más amplias de los últimos años, con objetivos claros: reducir el despilfarro presupuestario y hacer sostenibles a largo plazo las finanzas del país, mediante la eliminación de las exenciones fiscales, la aplicación de gravámenes adicionales a los productos de lujo y la reducción de la evasión fiscal.
«Un esfuerzo nacional de la Rumanía del año 2023, para tener una economía más fuerte y vivir mejor tanto en 2025, como en 2030», señaló el primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu, quien, en su discurso pronunciado ante los senadores y diputados, dijo que el paquete de medidas incluía, entre otras, el mantenimiento de un bajo impuesto sobre el valor añadido en alimentos, medicinas y leña para el fuego, o un aumento del 10 % del salario mínimo bruto, que se aplicaría implementando, a la vez, un impuesto adicional sobre los beneficios de los bancos o de las grandes empresas.
Marcel Ciolacu: «Hoy terminará una etapa de la historia de Rumanía. Hoy terminan las artimañas. Todo el mundo pagará en función de lo que gane. No se puede ser millonario y pagar impuestos equivalentes a los que gravan el salario mínimo interprofesional. No se pueden obtener beneficios excesivos, sin pagar nada en el país donde se han obtenido, del mismo modo que no se puede tener derecho automáticamente a bonificaciones de decenas de miles de leus, por el mero hecho de ir al trabajo, sin ningún rendimiento».
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que los ciudadanos de a pie no pagarán impuestos adicionales, pero que el lujo, los beneficios excesivos y los vicios serán gravados en mayor medida. Para combatir la evasión fiscal, el primer ministro Ciolacu ha declarado que aumentarán considerablemente las multas y se incautarán los bienes procedentes de actividades ilegales, mientras que las cantidades que no puedan justificarse se gravarán en un 70 %. La reforma también prevé un impuesto mínimo sobre el volumen de negocios, una reducción de los cargos directivos en el sistema público y un tope para determinadas bonificaciones.
La oposición parlamentaria, descontenta con las medidas que el Gobierno ha presentado, tiene la posibilidad de recurrir a una moción de censura en los tres días siguientes a la presentación de las medidas. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra, dado que no consigue reunir las 117 firmas necesarias. Por eso, la Unión Salvar Rumanía (USR) y La Fuerza de la Derecha –siendo esta última un partido disidente liberal– han anunciado que impugnarán las medidas ante el Tribunal Constitucional. La Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) afirma que las propuestas del Ejecutivo son antieconómicas, pero no plantean problemas de constitucionalidad. Si el Tribunal Constitucional rechaza la impugnación, el paquete legislativo se considerará adoptado y el Gobierno integrado por el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL) seguirá ejerciendo su mandato.
No obstante, nadie en Rumanía se hace ilusiones de que, una vez finalizado este nuevo episodio, la batalla política extremadamente ruidosa, librada en el espacio público, se detenga ahí, dado que hay muchísimo en juego: el año que viene se celebrarán todos los comicios posibles en Rumanía: elecciones locales, europarlamentarias, parlamentarias y presidenciales.
Traducción al español: Gabriela Ristea
