Revisión de la ley de pensiones especiales
La Cámara de Diputados de Rumanía ha aprobado, como órgano decisorio, la ley sobre pensiones especiales, en una forma modificada de acuerdo con los requisitos del Tribunal Constitucional
Ştefan Stoica, 17.10.2023, 11:30
La mayoría social-liberal de la Cámara de Diputados de Rumanía consiguió imponer su punto de vista y adoptar la nueva forma de la ley especial de pensiones, modificada para cumplir los rigores exigidos por el Tribunal Constitucional. Del texto de la versión inicial de la ley solo se reexaminaron las disposiciones relativas a las pensiones de los magistrados, de acuerdo con las peticiones de los jueces del Tribunal Constitucional, y los diputados solo introdujeron modificaciones técnicas en la forma adoptada por el Senado.
El Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL) rechazaron prácticamente todas las enmiendas propuestas por los partidos de la oposición, independientemente de su color político. La Unión Salvar Rumanía (USR), la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR) criticaron con vehemencia el proyecto por considerar que, de hecho, mantendría las pensiones elevadas, a veces indecentemente elevadas, de los magistrados y otras categorías de funcionarios, e ignoraría además el principio de contributividad, en el que se basan las pensiones ordinarias. La Unión Salvar Rumanía (USR) también acusa de que se han introducido primas no permanentes en beneficio de la clientela del partido, y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR) señala que su propuesta de gravar drásticamente todos los ingresos que superen la asignación del presidente fue rechazada. Como respuesta, los socialdemócratas afirman que la ley respeta tanto las decisiones del Tribunal Constitucional como las peticiones de la Comisión Europea, lo que permitirá a Rumanía acceder a los 2 800 millones de euros asignados a este capítulo en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Los liberales, por su parte, afirman que las enmiendas de la oposición no acatan la decisión del Tribunal Constitucional. Reconocen que se mantienen las pensiones especiales, pero señalan que el proyecto sigue teniendo en cuenta, en parte, la cotización durante el periodo activo e introduce un umbral fiscal para las pensiones especiales, medidas que reducen su cuantía.
Según la ley aprobada por la Cámara de Diputados como órgano decisorio, los magistrados podrán jubilarse a los 60 años con una pensión de servicio que represente el 80 % de la media de las asignaciones y primas mensuales brutas percibidas en los últimos 4 años antes de la jubilación. La ley establece que los jueces, fiscales, jueces adjuntos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como el personal jurídico, podrán jubilarse a partir del año que viene si llevan 25 años en el cargo y tienen al menos 47 años y cuatro meses. Posteriormente, la edad de jubilación aumentará cuatro meses cada año, hasta que los magistrados cumplan 60 años. Las pensiones de jubilación tampoco serán superiores a los ingresos netos del último mes de servicio, y el umbral fiscal aumentará por etapas hasta el 20 %.
Versión en español: Antonio Madrid
