Las pensiones y la asistencia social, en el punto de mira del Parlamento
El Parlamento de Rumanía debate y vota esta semana la nueva ley de pensiones
Daniela Budu, 13.11.2023, 11:28
La nueva ley de pensiones será debatida y votada esta semana por las dos cámaras del Parlamento rumano. El documento fue aprobado recientemente por el Gobierno, tras acaloradas discusiones entre liberales y socialdemócratas sobre el impacto presupuestario de la nueva ley en los próximos años. Prevé dos aumentos de las pensiones, uno a partir del 1 de enero y otro a partir del 1 de septiembre de 2024.
Se trata de una ley estable y sostenible, basada en el respeto de la contributividad y el trabajo, y las nuevas reglas de cálculo de las pensiones conducirán, según la ministra de Trabajo, Simona Bucura-Oprescu, a la eliminación de las desigualdades existentes:
«El nuevo cálculo de las pensiones aportará elementos importantes. Uno: ya no habrá desigualdades entre rumanos que trabajaron lo mismo pero se jubilaron en momentos diferentes. Dos: estamos reduciendo las desigualdades entre hombres y mujeres. Tres: estamos reduciendo una desigualdad importante, la relativa al subsidio social mínimo».
El ejecutivo rumano quiere un procedimiento acelerado en la legislatura para poder adoptar la ley antes del 20 de noviembre y que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2024. La ministra de Trabajo y Solidaridad Social, Simona Bucura-Oprescu:
«Queremos que esté terminada antes del 20 de noviembre, para poder cumplir el plazo acordado con la Comisión para la renegociación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), una renegociación que también incluye el parámetro de un impacto del 9,4 en el PIB, que habría supuesto la congelación hasta 2070 de las pensiones de los rumanos».
Desde la oposición, la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) argumenta que la nueva ley beneficia a quienes tienen grandes pensiones. Marius Lulea, vicepresidente primero de la AUR:
«Rumanía necesita pensiones justas, necesita aumentar los ingresos de los desfavorecidos, pero la reforma que proponen no es una reforma para corregir las desigualdades, sino para que los rumanos pobres sean más pobres y los ricos, los que tienen privilegios, más ricos».
El paquete legislativo sobre la reforma del sistema de asistencia social en Rumanía, aprobado la semana pasada por el Gobierno, también ha llegado al Parlamento. El nuevo marco legal ya no permitirá funcionar a ningún centro de asistencia social antes de que los inspectores hayan realizado un control sobre el terreno, y la duración de la licencia provisional se reduce de un año a tres meses, o seis meses para los centros sin alojamiento. También se introducen controles sobre el terreno, y si se detecta una vulneración de la ley, la licencia se suspenderá mucho más rápidamente.
Según el Ministerio de Trabajo, las multas también se quintuplican, hasta 100 000 leus (20 000 euros) por abuso. Las nuevas disposiciones surgen a raíz de las graves irregularidades detectadas este año tras los controles realizados en residencias de ancianos del distrito de Ilfov, cerca de Bucarest. Posteriormente, también se descubrieron residencias que funcionaban ilegalmente o casos de explotación y malos tratos en vez de atención especializada en otros establecimientos del país.
Versión en español: Antonio Madrid
